El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el jueves que el 32,3% de la población argentina se encuentra bajo la línea de pobreza en el primer semestre de 2026, frente al 28,2% del semestre anterior. La indigencia también avanzó, pasando del 6,3% al 7,5%. Si bien se trata de datos oficiales, varios centros de estudio cuestionan su precisión y alertan que la metodología actual tiene raíces en cambios introducidos durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016, lo que dificultaría una comparación histórica fidedigna.
¿Cómo se construye la medición oficial?
El enfoque tradicional combina una canasta básica de alimentos y otros gastos no alimentarios para definir el umbral de ingresos que marca la pobreza. Este método, sin embargo, no contempla otras privaciones como la vivienda, la salud, la educación o el acceso a servicios públicos. Para complementar el análisis, el INDEC utiliza el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que evalúa directamente si un hogar cubre necesidades esenciales en cuatro dimensiones: vivienda adecuada, condiciones sanitarias, escolarización y capacidad de subsistencia. El último dato oficial de NBI, correspondiente al Censo 2022, muestra que el 6,7% de los hogares y el 9,4% de la población aún no satisface al menos una de estas necesidades.
Los economistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalan que la medición oficial subestima la pobreza por tres razones: cambios en la captación de ingresos no laborales, inconsistencias en los ingresos de trabajadores no registrados y una subestimación de la canasta básica total. Alfredo Serrano Mancilla, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), coincide y añade que la cifra oficial de 15,4 millones de pobres deja afuera a quienes están apenas por encima del umbral, a los que define como “casi pobres”. Según su cálculo, si se incluye a este grupo, la proporción de personas en situación de pobreza oscilaría entre el 70% y el 80% de la población.
La manipulación macrista y sus secuelas
En 2016, el gobierno de Macri modificó la metodología de medición para elevar el umbral de ingresos, lo que permitió presentar una cifra de pobreza cercana al 30% y atribuirla al gobierno anterior. Un estudio posterior del CIFRA-CTA reconstruyó las cifras del segundo trimestre de 2015 y halló que, con la metodología original, la pobreza era del 19,3%, mientras que con la nueva se situaba en el 30,5%. Este cambio estadístico, calificado como una “falsedad estadística” por analistas, generó confusión sobre la evolución real de la pobreza durante el período 2003-2015.
Aunque la discusión sobre el nivel de la canasta no invalida el aumento reciente, la continuidad de la misma metodología dificulta evaluar tendencias a largo plazo. La brecha de pobreza, que mide cuánto dinero necesitan los hogares para alcanzar la canasta básica total, alcanzó el 35,9% en el primer semestre de 2026, lo que implica que el ingreso familiar promedio de estos hogares (922.755 pesos) está muy por debajo del costo promedio de la canasta (1.440.395 pesos). Para cerrar esta diferencia, el ingreso promedio debería crecer alrededor del 56%, manteniendo constante el valor de la canasta.
La oposición al modelo liberal-libertario de Milei sostiene que reducir la pobreza monetaria y multidimensional exige un proyecto de sociedad distinto, orientado al progreso y a la mejora material de la mayoría. Mientras tanto, el ajuste del gasto público, que el gobierno celebra como un logro fiscal, profundiza las carencias en sectores vulnerables y se refleja en un deterioro de los servicios públicos que termina trasladando costos adicionales a las familias.
El debate sobre la pobreza en Argentina, por lo tanto, no solo es estadístico, sino también político. La precisión de las cifras influye en la capacidad de diseñar políticas efectivas, y la manipulación metodológica del pasado sigue condicionando la interpretación del presente.
Fuente: eldestapeweb
