En una jugada estratégica para contrarrestar el avance opositor, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 21 de octubre. El objetivo oficialista es claro: crear un hecho político que debilite la convocatoria que la oposición ya tiene agendada para este miércoles 15, donde buscará dar de baja el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, piedra angular del programa desregulador del presidente Javier Milei.
El tablero legislativo se recalienta
La solicitud de sesión, impulsada rápidamente por el gobierno y encabezada por el jefe del bloque oficialista, el cordobés Gabriel Bornoroni, incluye en su temario proyectos considerados clave por el Ejecutivo. Entre ellos se destaca el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contiene una versión atenuada de la polémica Ley de Tierras. También se reponen, en un claro gesto de superposición táctica, los proyectos de emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar, los mismos que la oposición tratará en su sesión del miércoles 15.
Esta movida se produce en un contexto de alta tensión institucional, luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogaba la Ley de Tierras. Sin embargo, el fallo no alteró los planes de ninguna de las dos fuerzas. La Cámara baja tiene ahora dos convocatorias vigentes: la de los bloques opositores para derogar el decreto presidencial en su totalidad, y la del oficialismo y sus aliados para intentar salvarlo mediante leyes que capturen su espíritu.
Una pulseada con alto costo político
La estrategia de LLA refleja la urgencia por proteger el DNU 70, un instrumento que el propio gobierno considera fundamental para su agenda de reformas. Ante la posibilidad cierta de que la oposición logre su derogación en el recinto –sumado al rechazo que ya recibió en el Senado–, el oficialismo optó por reunir a sus aliados y planificar una contraofensiva legislativa. La modificación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es parte de ese plan B, una concesión táctica para intentar salvar el núcleo del decreto desregulador.
El escenario se complejiza con otros frentes abiertos. Legisladores opositores presentaron un amparo para frenar la privatización de AySA, argumentando que el gobierno la transferiría a un precio vil. Paralelamente, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá el presupuesto 2027 ante la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados los días 13 y 14 de octubre, en medio de un clima económico marcado por la recesión, el aumento del riesgo país y denuncias sobre el manejo de las reservas. Esta pulseada parlamentaria del 21 de octubre, por lo tanto, no es un hecho aislado, sino un capítulo crucial en la batalla por el rumbo de las políticas públicas y la gobernabilidad del actual management.
Fuente: eldestapeweb
