El gobierno nacional se encuentra ante un escenario político complejo tras el fallo de la Corte Suprema que habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros de forma inmediata. Con la mitad del gabinete en París por la Argentina Week, las alternativas se analizan en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en busca de una salida que evite un revés legislativo de mayores proporciones.
Una maniobra parlamentaria de emergencia
Ante el avance de la oposición, que está cerca de conseguir los 129 legisladores necesarios para derogar el DNU 70, los estrategas oficialistas exploran revivir el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La alternativa consiste en introducir un artículo con límites mínimos a la tenencia de tierras por parte de extranjeros, según reconocieron fuentes legislativas en declaraciones periodísticas. “Estamos evaluando reintroducir en la ley de inviolabilidad algún tipo de restricción (mínima) a la compra de tierras para desactivar el tratamiento del decreto”, explicaron en los pasillos de la Cámara Baja.
Antecedentes y reacciones políticas
La ley de propiedad privada ya había generado amplia controversia por los artículos que habilitaban la extranjerización de tierras, incluso en zonas de frontera. Tras semanas de análisis en el Senado y una movilización en Plaza Congreso, ese apartado fue eliminado del proyecto, que obtuvo media sanción pero nunca se debatió en Diputados. Patricia Bullrich tomó distancia de lo actuado por el gobierno en ese momento y consideró que “llevar al Congreso la ley de venta de tierras fue apresurado. Es una posibilidad que se voltee el DNU 70/23, ya que por ley no se pudo aprobar”, analizó la dirigente en declaraciones a la prensa.
El eco social que generó el tema había postergado su tratamiento y lo había sacado de las prioridades de la agenda oficial para este año. Ahora se analiza iniciar la discusión en Diputados e introducir límites, un proceso que, de concretarse, demandaría al menos dos meses de debate, dejando el territorio nacional a disposición de capitales extranjeros durante ese lapso. Las conversaciones ya se iniciaron con el PRO y el radicalismo, cuyos legisladores no emitieron opinión sobre la decisión del máximo tribunal durante la reunión de comisión de este miércoles.
Funcionarios judiciales de la administración libertaria estaban al tanto de que la decisión de la Corte Suprema estaba por caer antes de fin de año. “Sabemos cómo piensa cada ministro de la Corte”, se ufanaron en un despacho según reveló El Destape. Sin embargo, el desconcierto en las filas oficialistas fue tal que no hubo celebraciones públicas por la medida. Javier Milei, desde París, pronunció: “No tengo por qué meterme en la decisión de la Corte Suprema. Es decisión de ellos, me parece fantástico que baje lo que les parezca correcto acorde a la Constitución”.
El objetivo principal del gobierno es evitar la caída del DNU 70, que además de la ley de tierras, desregula decenas de actividades como el precio de las prepagas, los alquileres y las tasas de interés de las tarjetas de crédito. La batalla parlamentaria que se avecina definirá no solo el futuro de la tenencia de tierras, sino también la estabilidad de un paquete de medidas económicas que el oficialismo considera fundamentales para su programa de gobierno.
Fuente: eldestapeweb
