En lo que podría ser una de las operaciones más significativas de su gestión, el gobierno de Javier Milei concretó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la empresa que abastece a 15 millones de usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. El proceso, cerrado por 340 millones de dólares por el 90% de las acciones, ha desatado una ola de críticas por su falta de transparencia y por los estrechos vínculos entre los adjudicatarios y figuras del entorno oficialista y opositor. Según denuncias presentadas, la tasación de la empresa fue declarada secreta, y el consorcio ganador conocía con anticipación flujos de caja adicionales que los usuarios ignoran.
Los nombres detrás de la operación
El consorcio ganador, liderado por el misterioso fondo neerlandés PHX AQUA AR B.V. (con el 55% del paquete accionario), incluye a actores con trayectoria en servicios públicos y energía. Mauricio Filiberti, socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor y Metrogas, controla el 10% a través de Transclor. Walter Román, otro nombre que ha crecido durante la gestión libertaria, posee el 20%. El operador técnico es la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, con el 15%. La composición ha levantado sospechas sobre una “verdadera historia circular”, donde antiguos actores del peronismo empresarial encuentran, bajo nuevas formas, un espacio en la era Milei.
Un proceso bajo cuestionamiento
El Defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, junto a diputados de Fuerza Patria y varios sindicatos, han alertado sobre irregularidades en el proceso. Se destacan:
- La ausencia de audiencia pública y la declaración de reserva sobre la valuación de Aysa y su pasivo ambiental.
- La advertencia de que el grupo ganador anticipa una reclasificación de usuarios por zonas que le generaría un flujo extra estimado en 93 millones de dólares anuales, lo que permitiría recuperar la inversión en 3 o 4 años.
- La circunstancia de que Mauricio Filiberti, a través de su participación en Edenor, se convertiría en el mayor cliente de su propia empresa, generando potenciales conflictos de interés y dudas sobre el traspaso de beneficios a los usuarios.
Desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a cargo de Diego Chaher –ex empleado de Vila y Manzano por más de dos décadas–, se defendió la operación señalando que se esperaba una recaudación mayor, pero que la oferta ganadora incluía además el pago de 70 millones de dólares de deuda de la empresa y la promesa de inversiones por 2.000 millones en 30 años. Sin embargo, la falta de datos públicos sobre el esquema tarifario futuro deja en la incertidumbre a los consumidores.
El silencio político y el contexto económico
Mientras las críticas técnicas y judiciales avanzan, el silencio de gran parte de la dirigencia opositora sobre el tema resulta llamativo. En paralelo, la privatización de Aysa se enmarca en un esfuerzo del gobierno por cumplir con vencimientos de deuda heredados, en un contexto económico complejo marcado por la recesión y la presión sobre el tipo de cambio. Analistas señalan que esta transferencia de activos públicos, lejos de ser una reforma estructural con amplio consenso, parece responder a una lógica de urgencia financiera y de fortalecimiento de un círculo de concesionarios aliados, en un remake de procesos de los años 90 pero con actores renovados y métodos cuestionados por su opacidad.
Fuente: eldestapeweb
