La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) volvió a ocupar el centro del debate público tras las declaraciones del periodista Marcelo Bonelli en la señal TN, quien advirtió sobre las consecuencias que la operación podría tener para los usuarios del servicio en todo el país, incluida la región del Gran San Miguel de Tucumán, donde el acceso al agua potable y el saneamiento representan necesidades estructurales sensibles para miles de familias.
El Grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX se quedó con el 90% de la empresa, en el marco de una decisión del gobierno nacional encabezado por Javier Milei que, según Bonelli, le entregó al sector privado un negocio en condiciones altamente favorables. El periodista sostuvo que el Estado argentino ya aplicó incrementos tarifarios sustanciales durante los últimos dos años, lo que dejó a los usuarios con un fuerte deterioro en su poder adquisitivo antes incluso del traspaso de la concesión.
El tarifazo previo y la transferencia de ingresos
En su análisis, Bonelli planteó que los aumentos registrados durante el último bienio representaron una transferencia de ingresos desde los hogares hacia el sistema tarifario, con un impacto directo sobre los salarios. “El Gobierno ya pegó el tarifazo. Ahora esperemos que esta empresa no continúe con el tarifazo”, afirmó el periodista en declaraciones emitidas en vivo. Su lectura es que la operatoria dejó al nuevo concesionario en una posición privilegiada, ya que el esfuerzo de ajuste fue asumido previamente por el conjunto de los usuarios.
El comunicador también alertó sobre una dinámica recurrente en procesos de privatización: la tentación de los nuevos concesionarios de recuperar rápidamente sus inversiones mediante nuevos ajustes en las facturas. “Muchas veces los empresarios asumen y dicen: ‘Bueno, antes de hacer la inversión tengo que hacer caja’. Entonces, te aplican otro tarifazo”, señaló, en referencia a un patrón que, a su juicio, podría repetirse si no existe una regulación firme por parte del Estado.
La incógnita del control estatal
Uno de los puntos más salientes de su exposición fue el cuestionamiento sobre la capacidad del Gobierno nacional para supervisar el desempeño de la empresa privatizada. Bonelli remarcó que el control estatal será determinante para evitar que los usuarios vuelvan a soportar incrementos tarifarios. “Acá lo importante es que haya control”, enfatizó, para luego plantear una pregunta que sintetiza el nudo del debate: “Lo que pasa es que un gobierno que lo que dice es que su objetivo es dinamitar el Estado, ¿van a controlar el comportamiento tanto de las inversiones como de las tarifas que hagan los nuevos concesionarios?”.
La reflexión de Bonelli se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado como garante de servicios esenciales. En provincias como Tucumán, donde la provisión de agua y el tratamiento de efluentes son temas que atraviesan tanto a la capital como a ciudades del interior como Tafí Viejo, cualquier modificación en la política tarifaria nacional tiene repercusiones directas en la economía familiar y en el acceso a derechos básicos. La pregunta sobre quién controla a los concesionarios privados y bajo qué parámetros, por lo tanto, excede el debate porteño y se convierte en una cuestión de interés para todo el territorio nacional.
Fuente: eldestapeweb
