En un movimiento de política exterior que busca marcar un punto de inflexión, el Gobierno nacional anunció este lunes la decisión de someter por primera vez ante un tribunal internacional la disputa por las actividades unilaterales del Reino Unido en Malvinas. El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar un proceso de arbitraje internacional contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte. La medida implica una intimación formal a Londres para que cese sus actividades petrolíferas en un plazo de dos semanas, de lo contrario, la Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Un giro estratégico en un contexto económico adverso
La decisión se enmarca en lo que el Gobierno denomina una “estrategia integral” sobre la cuestión Malvinas, anunciada días atrás por el Presidente en cadena nacional. Sin embargo, este súbito fervor soberanista emerge en un escenario doméstico complejo, signado por indicadores económicos preocupantes y a poco más de un año de las próximas elecciones. El canciller Santiago Quirno, en declaraciones a la prensa, destacó el carácter histórico del paso: “Es la primera vez en la historia que Argentina somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que está realizando el Reino Unido”. Remarcó que, a diferencia de casos anteriores como el del Beagle o la fragata Libertad, nunca se había llevado un caso referido específicamente a las islas.
Reacciones y escepticismo: la sombra del cálculo político
La ofensiva diplomática no estuvo exenta de contratiempos inmediatos. Tras la reunión en la ONU entre el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente estadounidense, Donald Trump, el posible apoyo de Washington al reclamo argentino pareció quedar archivado, con Burnham reafirmando la posición de su país sobre las islas. Paralelamente, la Oficina del Presidente informó y denunció el vuelo no autorizado de una aeronave británica entre Malvinas y Punta Arenas, vinculado a una ronda de negocios chilena con una delegación isleña, poniendo en evidencia la posición ambigua del gobierno chileno.
Pero el obstáculo más significativo podría ser el interno. Las encuestas de opinión pública revelan un escepticismo mayoritario hacia los motivos del Gobierno. Un 63.3% de los consultados por Zuban Córdoba y Asociados concordó con que Milei “está usando la cuestión Malvinas para distraer de otros temas”, mientras que Opina Argentina registró que un 61% atribuye los anuncios a “un cálculo electoral pensando en 2027”. Desde la oposición, el exsecretario de Malvinas, Guillermo Carmona, cuestionó la “senda riesgosa” emprendida tras “casi tres años de inacción” y advirtió sobre el contexto crítico marcado por expresiones previas del oficialismo “abiertamente funcionales al interés británico”. Reclamó la conformación de un equipo jurídico de primer nivel y la convocatoria al Congreso para una estrategia integral, desafiando al Gobierno a demostrar que su nueva convicción soberanista trasciende el gesto y se traduce en una defensa efectiva de los derechos argentinos.
Fuente: eldestapeweb
