El Gobierno nacional avanza con un nuevo capítulo en su agenda de mano dura. De la autoría de la diputada Virginia Gallardo, con el respaldo de Laura Rodríguez Machado y el armado táctico de Martín Menem, se presentó un proyecto para reformar el Código Penal. La iniciativa busca aumentar las penas ante ciertos delitos y modificar los plazos de prescripción, una movida que el oficialismo evalúa como redituable tras su reciente escaramuza judicial. El debate en comisiones podría comenzar antes de que finalice el mes en curso, en el marco de las sesiones previstas entre el 12 y el 15 de octubre.
Los ejes de la reforma propuesta
El texto legislativo apunta a dos aspectos fundamentales: los delitos contra la integridad sexual y la prescripción de las penas. Según los considerandos del proyecto, el objetivo es fortalecer la coherencia interna del Código Penal y asegurar una respuesta estatal efectiva. En este sentido, se plantea que los crímenes que conllevan prisión perpetua pasen a ser imprescriptibles, modificando el esquema actual donde la acción penal prescribe a los 15 años y la condena a los 20.
- Abuso sexual básico: aumenta el techo de 4 a 6 años de prisión.
- Abuso gravemente ultrajante: la pena máxima se eleva a 14 años de cárcel.
- Abuso con acceso carnal: alcanza hasta los 20 años de prisión.
Para los delitos con prisión temporal, el mecanismo de prescripción se mantiene, pero se eleva el techo de 12 a 15 años. Las inhabilitaciones también sufren modificaciones, pasando de 1 a 3 años. Además, se establece que la declaración de rebeldía o el pedido de extradición interrumpan el plazo para computar la prescripción.
Repercusiones políticas y anclaje local
A pesar de ser una iniciativa de La Libertad Avanza, el proyecto cuenta con el respaldo de figuras de otras bancadas, como la radical Pamela Verasay y Gladys Medina de Independencia. Sin embargo, en el peronismo no dudaron en calificar la medida como parte de una batalla cultural y un recurso de fondo de olla para introducir a la sociedad en discusiones punitivas, cuestionando el apuro oficial por tratar el tema en el recinto.
Para provincias como Tucumán, y particularmente en departamentos como Tafí Viejo, donde la demanda por seguridad y una justicia efectiva es una preocupación constante en la agenda vecinal, este tipo de reformas nacionales genera un profundo eco. Si bien la gestión local y la Municipalidad de Tafí Viejo trabajan en la prevención y el ordenamiento institucional, los cambios en el Código Penal impactan directamente en cómo el sistema judicial procesa y eventualmente condena los delitos que afectan a la comunidad taficeña y al Gran San Miguel de Tucumán.
El escenario político se prepara para un debate intenso. Con el Congreso como escenario, la discusión sobre hasta dónde el Estado debe intervenir y cómo se garantiza la justicia sin vulnerar garantías constitucionales será el eje de las próximas semanas legislativas.
Fuente: eldestapeweb
