En la Argentina de 2026, el derecho a un techo se convirtió en un bien de lujo para una porción cada vez mayor de la población. La desregulación del mercado inmobiliario, impulsada a fines de 2023, generó un escenario donde los alquileres se dispararon muy por encima de la inflación, comprimiendo los ingresos de los hogares y empujándolos hacia la mora y el endeudamiento. En este contexto, el proyecto oficialista de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que busca agilizar los procesos de desalojo, parece una respuesta a un problema que, según las estadísticas, dista del discurso público centrado en la “usurpación”.
El perfil real del desalojado: inquilino, no usurpador
Contrario a la narrativa gubernamental, los números pintan una realidad distinta. Dos de cada tres procesos de desalojo iniciados entre 2020 y 2025 correspondieron a inquilinos con contrato que no pudieron hacer frente al pago, y no a ocupantes sin título. Este dato se sustenta en una presión financiera asfixiante: según la Encuesta Inquilina 2025, el 57% de los hogares inquilinos del AMBA destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, un salto desde el 38% registrado un año antes. Para sostener ese gasto, el 45% de estos hogares está endeudado, y de aquellos que tomaron un préstamo formal, el 77% lo hizo específicamente para pagar el alquiler.
La vía exprés: desalojo sin firma de juez
Mientras el proyecto nacional que instituiría un desalojo sumarísimo duerme en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de Buenos Aires ya opera a pleno un mecanismo que logra un efecto similar sin necesidad de nueva ley. Se trata de la vía administrativa contemplada en el decreto 1510/97, originalmente diseñada para emergencias edilicias. Su uso se disparó: pasó de representar apenas el 2% de los desalojos totales en 2024 al 58% en 2026. Según un informe del IEF-CTA, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se ejecutaron 621 desalojos por esta vía, afectando a 1.135 familias y 4.482 personas, incluyendo 1.409 menores.
Este mecanismo rápido, que elude la intervención judicial, ha generado cuestionamientos. La Defensoría Pública porteña detectó que en uno de cada tres casos de 2026, la Jefatura de Gabinete local impulsó una inspección que derivó en desalojo, aun cuando la norma exige una “emergencia técnica objetivamente comprobada”. La experiencia muestra que la aceleración de los desalojos ya es una realidad tangible, beneficiándose de un mercado desregulado que fija precios sin límite y de prácticas administrativas que actúan con celeridad. Así, el efecto que busca el oficialismo —facilitar la recuperación de la propiedad con mínima fricción— ya se está materializando, incluso antes de la sanción de la polémica ley.
Fuente: eldestapeweb
