Los números son fríos, pero detrás de cada uno hay una historia truncada, una familia destrozada, un duelo colectivo que la sociedad argentina arrastra como una herida abierta. Según el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, elaborado a partir del análisis de medios gráficos y digitales, entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de este año al menos 200 personas perdieron la vida en hechos vinculados a la violencia de género. La cifra, que incluye femicidios directos, vinculados, travesticidios e instigaciones al suicidio, pinta un panorama desolador que se agrava con el paso de los meses.
El desglose de una tragedia nacional
Detrás del número total, el informe desagrega una realidad aún más cruda. De las 200 víctimas fatales, 167 corresponden a femicidios directos. A ellos se suman 20 femicidios vinculados —hombres y mujeres asesinados por el agresor al intentar intervenir o como forma de causar daño a la víctima principal—, siete casos de instigación al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios. La estadística se traduce en una víctima letal cada 33 horas en el territorio nacional, un ritmo que no parece disminuir.
El patrón de los crímenes revela datos estructurales alarmantes. En el 64% de los casos, el agresor era la pareja o expareja de la víctima, lo que refuerza la idea del ámbito doméstico como espacio de mayor riesgo. Consistentemente con esto, el 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y otro 23,5% en un hogar compartido. Un dato particularmente preocupante es que solo el 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa contra su agresor, lo que evidencia las múltiples barreras —económicas, sociales, psicológicas— que aún existen para acceder a la Justicia.
Las consecuencias invisibles y el debate presupuestario
La violencia de género deja una estela de dolor que trasciende a la víctima directa. Como consecuencia de estos 200 crímenes, al menos 202 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres, un dato que habla de una orfandad forzada y del trauma intergeneracional que estos hechos provocan. Paralelamente, el informe registró 306 intentos de femicidio en el mismo período, lo que equivale a un intento cada 25 horas. Son historias que, por intervención, suerte o circunstancia, no terminaron en una estadística fatal, pero que dejan secuelas profundas.
Este recrudecimiento de las violencias se da en un contexto político y económico particular. Desde el observatorio señalaron que el aumento ocurre “mientras el Gobierno profundiza el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenirlas y erradicarlas”. El eje de la crítica apunta al Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que, según el análisis de la organización, no contempla partidas específicas para programas fundamentales como la Línea 144 de atención y el Programa Acompañar.
La Línea 144, creada en 2013, es una herramienta gratuita de contención, asesoramiento y derivación que no aparece mencionada en las más de 3.000 páginas del presupuesto propuesto. Tampoco se especifican fondos para el Programa Acompañar, vigente desde 2020, que otorga un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil durante seis meses a personas en situación de violencia de género. La discusión presupuestaria, que se desarrollará en las próximas semanas en el Parlamento, pondrá sobre la mesa la prioridad real que se asigna a la lucha contra este flagelo.
Fuente: eldestapeweb
