La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió suspender la aplicación del artículo 154 del decreto 70/2023, frenando temporalmente la extranjerización total de las tierras argentinas. La medida, adoptada en el marco de una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, contrasta fuertemente con el fallo emitido apenas diez días atrás en el caso del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM), donde se había habilitado la venta indiscriminada de suelos.
Un giro jurisprudencial bajo sospecha
Más allá de la decisión técnica, el trasfondo político de la resolución evidencia una estrategia para evitar el colapso del megadecreto del presidente Javier Milei. El DNU 70/2023 consta de 366 artículos, y su derogación completa en el Congreso pondría en riesgo múltiples normativas favorables a distintos sectores empresariales. Al suspender únicamente el artículo que deroga la ley de Tierras, el tribunal le ofrece una excusa a los legisladores que dudaban en rechazar el paquete completo, argumentando que el conflicto ambiental ya está resuelto.
Discrecionalidad y tiempos judiciales
El expediente de Árbol de Pie permanecía en los tribunales desde agosto de 2024, pero fue cajoneado hasta que el escándalo por el fallo del CECIM obligó a una rectificación. Esta discrecionalidad en el manejo de los tiempos procesales fue señalada incluso desde el interior del tribunal. El juez Carlos Rosenkrantz, en su voto en disidencia, advirtió que el descontento social no justifica adoptar decisiones inconstitucionales, señalando que “solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación”. Para conformar la mayoría, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti debieron convocar a dos conjueces por sorteo.
Implicancias para el sector productivo y el norte argentino
Para regiones como Tucumán y el sur del país, donde la tenencia de la tierra tiene un peso estratégico, esta resolución marca un precedente volátil. La falta de un pronunciamiento sobre la nulidad total del decreto, cuya redacción extrajurídica por parte de Federico Sturzenegger ya fue comprobada, deja a las provincias en un limbo legal. La pregunta que sobrevuela los pasillos del Congreso es si este malabar jurídico del máximo tribunal será suficiente para torcer la voluntad de los diputados y consolidar la reforma del Estado impulsada por el Ejecutivo.
Fuente: eldestapeweb
