En medio de un discurso oficial que responsabiliza a las mujeres y al feminismo por la caída de la natalidad, un relevamiento de La Cocina de los Cuidados expone una realidad contundente: el Estado desmanteló 48 de las 50 políticas públicas de cuidado identificadas. Esta contradicción entre el reclamo de “tener más hijos” y la retirada del apoyo estatal genera un debate profundo sobre las condiciones reales para la maternidad en la Argentina actual.
El costo de maternar en un Estado ausente
El análisis, que reconstruye el impacto concreto de la desarticulación de programas de cuidado, pone números a una sensación social extendida. La eliminación de jardines maternales, la reducción de asignaciones, la precarización de los espacios de primera infancia y el recorte en licencias conforman un escenario donde la decisión de tener hijos choca con obstáculos materiales cada vez mayores. No se trata solo de un deseo, sino de una evaluación de posibilidades.
En declaraciones recogidas por el portal El Destape, diversas mujeres madres detallaron los costos actuales de la crianza, que abarcan desde los gastos médicos y de alimentación hasta la necesidad de contar con redes de apoyo, frecuentemente privatizadas. La pregunta que subyace es si la caída en los nacimientos responde a una falta de deseo o, precisamente, a una falta de condiciones estructurales que la política pública debería garantizar.
Un discurso que carga las tintas sobre las mujeres
El llamado público del Gobierno de Javier Milei, cuyo presidente no tiene hijos, a incrementar la natalidad ha estado acompañado de una narrativa que atribuye la baja fecundidad a “agendas feministas”. Esta postura, que individualiza el problema y lo deposita en la esfera de las decisiones personales, omite deliberadamente el componente colectivo y estatal que históricamente ha facilitado o dificultado la crianza.
La situación invita a un análisis de políticas comparadas: en países donde la natalidad se ha recuperado, suele existir un paquete robusto de apoyos que incluye licencias parentales extensas y pagas, acceso universal a educación inicial, subsidios directos y flexibilidad laboral. El desmantelamiento local de estas herramientas parece alejar al país de ese modelo, profundizando la brecha entre el discurso y la realidad cotidiana de las familias.
El debate, por lo tanto, trasciende lo demográfico para instalarse en el terreno de la igualdad de oportunidades y la justicia social. La maternidad como elección libre y sostenible requiere de un entramado de derechos que, según los datos, se está deshilachando. La paradoja queda expuesta: se pide más hijos en un contexto donde el Estado se retira de su rol de corresponsabilidad en los cuidados.
Fuente: eldestapeweb
