Un informe internacional elaborado por la organización Hábitat para la Humanidad, con base en una encuesta a más de 30.000 personas residentes en 22 países, posicionó a Argentina como el escenario con peores condiciones de acceso a la vivienda. El 83% de los consultados a nivel local admitió haber recortado al menos un gasto durante el último año para poder afrontar el costo del alquiler, una cifra que supera al promedio global del 75%. En el Gran San Miguel de Tucumán y particularmente en Tafí Viejo, donde el crecimiento de hogares inquilinos superó el 70% desde el censo 2010, la realidad cotidiana de cientos de familias refleja con crudeza esos números.
El efecto dominó sobre la economía familiar
El estudio, realizado entre abril y junio de este año, dimensiona una cadena de sacrificios que se extiende mucho más allá del pago mensual. El 38% de los argentinos encuestados gastó menos en alimentos y compras esenciales; el 37% recurrió a sus ahorros o fondos de emergencia; y el 35% asumió trabajos adicionales o amplió su carga horaria para reforzar ingresos. Además, el 34% debió elegir entre pagar la vivienda o cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta o medicamentos, mientras que el 19% limitó el uso de calefacción o aire acondicionado, casi el triple del promedio mundial.
En barrios taficeños y del Gran Tucumán, la situación se traduce en decisiones concretas: contratos más cortos, actualizaciones mensuales y un mercado inmobiliario donde los precios crecieron por encima de la inflación y de los salarios desde fines de 2023. La derogación de la Ley Nacional de Alquileres (N° 27.551) mediante el DNU 70/2023 aceleró ese ritmo, acortó la duración de los contratos e impuso mayor frecuencia en las actualizaciones, generando un escenario donde incluso sectores con empleo formal encuentran inaccesible el acceso a un techo.
Inseguridad habitacional: antes del desalojo, el sacrificio silencioso
El informe advierte que la inseguridad habitacional en Argentina se desarrolla mucho antes del desalojo o la falta de vivienda. El 57% de los argentinos teme que un problema inesperado ponga en peligro su capacidad de mantener su hogar, frente al 48% del promedio global. Los hogares conservan su vivienda solo a costa de sacrificar estabilidad financiera, salud, comodidad y oportunidades futuras.
Entre quienes alquilan, el 49% reporta dificultades frecuentes para afrontar los costos de la vivienda, mientras que el 66% considera que el costo de los servicios vuelve inasequible el alquiler. Seis de cada diez inquilinos señalaron que la suba de tarifas, especialmente en energía, afecta directamente la posibilidad de sostener el pago. La percepción de que el sistema de vivienda no funciona alcanza al 70% de los hogares en condiciones habitacionales más vulnerables, unos 10 puntos por encima del promedio nacional.
Expectativas frustradas y el futuro postergado
La aspiración a la vivienda propia se mantiene, pero se percibe cada vez más lejana. El 84% sostiene que el aumento de costos dificulta convertirse en propietario y el 57% admite que las dificultades de acceso complican pensar en formar una familia. Entre los jóvenes de 18 a 45 años, la preocupación por los costos alcanza al 64%, frente al 51% del resto de la población. Casi la mitad de los encuestados cree que Argentina va por mal camino en materia de vivienda, y apenas el 20% considera que se aborda eficazmente el problema.
El desmantelamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la suspensión del financiamiento del Fondo de Integración Social y Urbana (FISU) detuvieron numerosos proyectos de mejora en barrios populares, lo que agranda las desigualdades preexistentes. En Tafí Viejo, donde la gestión local trabaja en políticas de infraestructura y servicios para acompañar a los sectores más vulnerables, el contexto nacional impone un desafío adicional: contener a familias que ajustan lo esencial para no perder su techo.
Fuente: eldestapeweb